A raíz de la publicación del libro «El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro» RPTA Asturias entrevista a Antonio Manuel Rodríguez y a Aristóteles Moreno, sus autores y compañeros de RECUPERANDO, en su programa «La buena tarde» .
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Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno denuncian en ‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’ la apropiación de monumentos históricos y bienes públicos, desde la Mezquita de Córdoba hasta ermitas y fincas
Francisco J. Jiménez, La Voz del Sur | 26 enero 2026
Un nuevo libro denuncia el que consideran uno de los mayores escándalos patrimoniales de la España contemporánea: el expolio de bienes públicos mediante las inmatriculaciones de la Iglesia católica.
La obra, titulada El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, ha sido escrita por Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina, y examina cómo la jerarquía eclesiástica se convirtió en el mayor propietario inmobiliario del país.
Los autores plantean interrogantes sobre la facilidad con la que monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, como la Mezquita de Córdoba, pasaron a manos privadas con un simple sello, sin tributar impuestos, amparándose en normativas heredadas del franquismo y reformadas en 1998 durante el gobierno de José María Aznar.
La Iglesia, incapaz de presentar documento alguno, ni siquiera una simple hoja firmada para justificar el regalo de algún edificio, religioso o civil, teóricamente donado por algún miembro de la nobleza, ha lanzado a la lucha a sus incondicionales o posiblemente los propios purpurados con seudónimo, se hayan lanzado a defender la posesión de iglesias, mezquitas, sinagogas, catedrales, y todo tipo de bienes de uso religioso y civil, como edificios de alquiler, cortijos, incluso varias calles y plazas en distintas localidades. Ante la falta de pruebas que demuestren la posesión de esos edificios y lugares, retuercen las leyes, al menos lo intentan, justificándose en una reforma de la Ley hipotecaria llevada a cabo por el ex-presidente Aznar; una reforma de una ley obligada por el Dictador, por tanto ilegítima, además de anterior a la Constitución, y todavía sin reformar para ajustarla a la Ley Máxima. Extraño caso cuando todas las leyes deben someterse a ella.
En Navarra, hablar de comunales no es un ejercicio de nostalgia ni un gesto simbólico hacia el pasado. Es hablar de presente y, sobre todo, de futuro. Los bienes comunales forman parte de nuestra identidad colectiva y han sido durante siglos una garantía de uso equitativo de la tierra, cohesión social y sostenibilidad para nuestros pueblos. Defenderlos no es una opción ideológica ni una batalla cultural: es una obligación democrática.
Carlos Mena Blasco, La Voz de la Ribera | 21 enero, 2026
La cuestión de las inmatriculaciones tiene un origen político y jurídico que no conviene ocultar. La Ley Hipotecaria de 1946, aprobada por el régimen franquista, permitió a la Iglesia católica inscribir bienes en el Registro de la Propiedad sin aportar título acreditativo, mediante una simple certificación eclesiástica. Un privilegio propio de un Estado confesional y carente de controles democráticos. Lejos de corregirse con la llegada de la democracia, ese privilegio se mantuvo durante décadas y fue ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar (PP), al permitir también la inmatriculación de templos de culto. La derogación de este mecanismo en 2015 llegó tarde y sin efectos retroactivos, dejando intactas todas las inmatriculaciones previas. Se cerró la puerta, sí, pero se dejó todo dentro. El daño ya estaba hecho.
El pasado 20 de enero la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro presentó en el Centro social y cultural Plazara de Pamplona/Iruña el libro «Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Robo organizado».
El libro, que ha contado con una subvención del departamentode Cultura del Gobierno de Navarra, en una colaboración de varios autores, recoge diversos aspectos que ofrecen una visión múltiple: histórica, jurídica, cultural, de movilización ciudadana… de lo que han supuesto las inmatriculaciones de la Iglesia Católica.
Índice:
Introducción: Sobre las inmatriculacionesde la Iglesia Católica
Historia de la Plataforma
Aintzinsolasa
Fragmentos: de la presentación y de las intervenciones del debate posterior.
En la mesa, algunos de los autores: Ramón Contreras López, Joseba de la Torres Campo, Jesús Martín Correa y Andrés Valentín González
Su presidente ha defendido la política municipal «en tiempos de ruido constante, polarización y sospecha generalizada»
Cadena SER, Radio Pamplona | 21 enero 2026
PamplonaLa Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) se marca como principales retos para 2026 las medidas en materia de vivienda, acompañando a las entidades locales ante «cambios normativos relevantes» en este ámbito, continuar con la investigación de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia y que la futura ley de Despoblación cuente con las medidas propuestas «desde el territorio».
Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, en un desayuno informativo con medios de comunicación en el que ha repasado los hitos de 2025 y ha adelantado las líneas generales de la entidad para el presente año. El presidente ha resumido 2025 en un papel de «escuchar al territorio, defender lo que es de todas y todos, y avanzar en el equilibrio territorial y la igualdad». Y ha destacado que 2026 es un «año importante en el que vamos a defender los intereses del ámbito local» con un acompañamiento «cercano v útil» a todas las entidades locales, «sean grandes o pequeñas, urbanas o rurales».
La obra, subvencionada por el Gobierno de Navarra, ha sido concebida como un volumen coral que recoge aportaciones de especialistas y activista
Noticias de Navarra – EFE – Pamplona | 20·01·26 | 21:13
El libro Las inmatriculaciones de la Iglesia católica, robo organizado, que se presenta este martes en Pamplona de la mano de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, reúne once artículos que abordan desde distintos enfoques históricos, jurídicos y sociales el proceso por el que la Iglesia inscribió a su nombre miles de bienes en todo el Estado durante décadas.
La antigüedad o la Edad Media no serán los únicos momentos en los que el sacerdocio haya participado del poder del gobierno, si no lo ha tenido todo, e Irán no va a ser el único lugar gobernado por sacerdotes, mejor dicho, hay otros sacerdotes que también quieren tener responsabilidad de gobierno, como los ayatoláh. Debe ser una posición inmejorable, en especial si se ejerce sin haberse sometido a ninguna votación, si no se ha preguntado a la gente, si ni siquiera han sido elegidos. La función mercantil de los templos recuerda aquellos tiempos en que la gobernanza era tan tibia, o quizá mejor, tan brumosa, que se confundían los poderes. Algo así como cuando el “chamán” de la tribu impone su poder al jefe, porque domina a los atemorizados moradores, atribulados por fenómenos adversos, desde la lluvia con sus descargas eléctricas, a las enfermedades, la mayoría de las veces curadas por sugestión. Pero era lo que había.
Llevará quejas formales a las Defensorías por la falta de transparencia y la inacción administrativa ante las inmatriculaciones
NOTA DE PRENSA | Coordinadora RECUPERANDO
19 de enero de 2026.
La Coordinadora RECUPERANDO está manteniendo una ronda de reuniones con las Defensorías del Pueblo —autonómicas y estatal— para trasladar su denuncia sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica y solicitar actuaciones concretas en defensa del patrimonio público y de la transparencia.
RECUPERANDO recuerda que, amparándose en el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la Iglesia inscribió bienes a su nombre, en los Registros de la Propiedad, mediante una mera “certificación administrativa”, un mecanismo heredado del franquismo que la equiparó indebidamente a una administración pública. En la actualidad, se estima que podrían superar los 100.000 bienes inmatriculados en el conjunto del periodo en que se aplicó este procedimiento.
Según la Coordinadora, si ese mecanismo ya carecía de garantías suficientes, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 el problema se agrava: con el principio de separación Iglesia–Estado, la Iglesia pasa a actuar como persona jurídica privada, sin potestad para emitir “actos administrativos” ni certificaciones con efectos equiparables a los de una administración pública. Por ello, RECUPERANDO sostiene que existe un problema generalizado de invalidez de estas inmatriculaciones.
En estas reuniones, la Coordinadora está trasladando tres denuncias principales: