Por mayor que todavía pueda ser el poder de la Iglesia, el Gobierno tiene el deber de defender la laicidad del Estado y por tanto, debe ser el primero en rechazar todas las inmatriculaciones
Turistas en el interior de la Mezquita de Córdoba. SALAS / EFE
La Iglesia, incapaz de presentar documento alguno, ni siquiera una simple hoja firmada para justificar el regalo de algún edificio, religioso o civil, teóricamente donado por algún miembro de la nobleza, ha lanzado a la lucha a sus incondicionales o posiblemente los propios purpurados con seudónimo, se hayan lanzado a defender la posesión de iglesias, mezquitas, sinagogas, catedrales, y todo tipo de bienes de uso religioso y civil, como edificios de alquiler, cortijos, incluso varias calles y plazas en distintas localidades.
Ante la falta de pruebas que demuestren la posesión de esos edificios y lugares, retuercen las leyes, al menos lo intentan, justificándose en una reforma de la Ley hipotecaria llevada a cabo por el ex-presidente Aznar; una reforma de una ley obligada por el dictador, por tanto ilegítima, además de anterior a la Constitución, y todavía sin reformar para ajustarla a la Ley Máxima. Extraño caso cuando todas las leyes deben someterse a ella.
El historiador medievalista Jesús Padilla publica el análisis pormenorizado y estudio documental de archivos entre los siglos XIII y XVIII sobre la propiedad del monumento
Entrevista a Jesús Padilla por su libro ‘La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba’ | Álex Gallegos
Toda cosa sagrada, ó religiosa ó santa que es establecida á servicio de Dios non es en poder de ningunt home el señorío della, nin puede seer contada entre sus bienes: et manguer los clérigos las tengan en su poder, non han el señorío dellas, más tiénenlas, así como guardadores et servidores
Alfonso X
Esta cita literal de la Partida Tercera dentro del cuerpo normativo del reino con Alfonso X es uno de los documentos históricos recogidos y analizados para arrojar luz sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba en el nuevo libro del historiador medievalista Jesús Padilla, que acaba de publicar un análisis histórico pormenorizado de numerosas fuentes archivísticas, bibliográficas y documentales acerca de este asunto. Bajo el título La titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba se recoge así un compendio de documentos entre los siglos XIII y XVIII para ofrecer toda la información histórica disponible sobre el principal monumento de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad y envuelto desde hace años en la polémica de la inmatriculación que hizo la Iglesia de él.
“Este libro es un trabajo de investigación realizado a lo largo de tres años”, explica Padilla a Cordópolis sobre la tarea que ha supuesto desarrollar y publicar este trabajo, que ocupa más de 500 páginas y que estuvo “reposando” varios años “para alejarlo de polémicas”, en los tiempos en que la inmatriculación de la Mezquita Catedral estuvo más en el foco. Su objetivo no era evitar este tema sino, por el contrario, arrojar luz de una manera pausada y rigurosa con su aportación histórica como experto medievalista. Y sin agotar este tema y decantándose por “abordar las inmatriculaciones a nivel global” y no bien a bien, el autor sí espera con este libro ofrecer información precisa para comprender mejor el problema suscitado por la inmatriculación del monumento cordobés Patrimonio de la Humanidad.
Su estudio comprende el periodo que va desde la conquista de Córdoba por Fernando III y la consagración de la Mezquita aljama como iglesia por orden del monarca en 1236, hasta el traslado de los féretros de los reyes Fernando IV y Alfonso XI, enterrados en la Capilla Real de la Mezquita Catedral, a la Real Colegiata de San Hipólito en 1736. Y trata de analizar toda la información documental histórica disponible de este periodo para contrastar si existen documentos que avalen la propiedad del monumento.
“Yo me he centrado en una perspectiva de investigación y, aunque es un asunto (la inmatriculación de la Mezquita y su titularidad) que está muy presente, hay que tener una formación medieval y tener cuidado con juzgar la mentalidad medieval desde el siglo XXI”, advierte Padilla. “Me he alejado de la polémica para analizar desde la independencia y la libertad esta cuestión utilizando documentación de primera mano”.
Esa documentación de primera mano se dispone en el libro en tres grandes capítulos. El primero de ellos aborda la legislación medieval y lo que dice sobre la cuestión de la titularidad de la Mezquita Catedral. Y ahí entran documentos como el citado al inicio de esta información, Las Siete Partidas de Alfonso X, y otros como el Fuero Juzgo, el Fuero de Córdoba, el Fuero Real o las Ordenanzas Reales de Castilla, entre otros. Se trata así, de ofrecer “una panorámica legislativa general en la que se pudiera enmarcar jurídicamente el tema de la donación de la Mezquita aljama a la Iglesia Católica”, describe el autor.
Mientras, en un segundo capítulo del libro se analizan las crónicas originales de la época, como las crónicas fernandinas de Fernando III o las neoalfonsinas. En total, más de 40 crónicas y, en ellas, “he analizado los capítulos en relación a la conquista de Córdoba y la posesión de la Mezquita o la conversión de la Mezquita Aljama, primero, en iglesia y, posteriormente, en Mezquita Catedral”. En esas crónicas, el historiador advierte que “se encuentran distintas versiones” pero, en su trabajo, “analizo uno a uno los documentos, viéndolos literalmente” y certificando que “no se dice nada” concreto sobre la titularidad del monumento.
“El meollo de la cuestión”
El tercer capítulo de análisis se centra en hechos que a lo largo del periodo histórico que se ha estudiado “van a relacionar acontecimientos que vinculan la Mezquita Catedral con la Corona”. “Y ahí está el meollo de la cuestión”, asegura Padilla. Su análisis pasa por “ver si aparecen elementos que nos den idea de que hubo una donación de la Mezquita convertida en catedral a la Iglesia”, todo ello analizado desde la perspectiva medieval de la época para responder a la cuestión de si hubo algún documento, un privilegio real de donación del monumento.
Y para tener esa perspectiva, en sus conclusiones, el historiador recuerda que se trata de una época en la que “no había separación de poderes. En ese momento, la Iglesia y el Estado forman una diarquía, son dos poderes que, armoniosamente dirigen el mundo. Cada uno tiene sus funciones: el Estado, la Corona, defiende, protege… Fernando III tuvo su proyecto de conquistar territorios musulmanes y dar apoyo a la Iglesia, reconstruir diócesis y crear nuevas. Era el propio rey”, dice apuntando que la Corona y la Iglesia no estaban separadas. Y, dentro de ese apoyo, “el rey dota espléndidamente a la Mezquita Catedral” de Córdoba.
Una dotación económica que “a lo largo de la historia, la Corona y el Estado, como es su obligación, han mantenido para la Mezquita Catedral”, mientras “la Iglesia se encargaba del mantenimiento espiritual, de su misión religiosa”. Padilla apunta aquí una precisión sobre la propiedad: “Los textos medievales lo dicen claramente: lo que se da a Dios es de Dios, no hay hombre dueño de eso. La iglesia no tiene el señorío” sino que eran “servidores del templo”. Y sin separación entre Iglesia y Estado, sino una acción en paralelo, “no hubo documento” específico de donación de la propiedad de la Mezquita Catedral. Porque, en la época medieval, el templo era “propiedad de Dios y el clero eran los administradores y servidores”.
“Pero, a lo largo de la historia, hay distintas percepciones de lo que es la propiedad. El concepto va variando”. El historiador pone como ejemplo cuando se quería hacer una gran capilla, la Capilla Real, en el monumento y “se reconoce al obispo como propietario, pero es un error, porque el obispo es el administrador y, a la vez, también se reconoce como legítimo propietario a la Corona de la Capilla Real”.
“Para los cordobeses, la Mezquita ha sido siempre de los cordobeses. Pero si me preguntas, ahora es otra cosa”, dice en alusión al uso y apropiación del monumento por parte de la Iglesia actualmente. “El problema”, dice Padilla, podría haber quedado resuelto en la elaboración de la actual Constitución: “Se tenía que haber definido la propiedad de los templos, de las cosas sagradas”.
Y advierte que “mantener en permanente conflicto” la titularidad de la Mezquita Catedral “no es bueno ni para la Mezquita, ni para Córdoba, ni para la Iglesia, ni para nadie”. Por eso, aboga porque se produzca “una concordia, un concordato”, como solución de un asunto que está por resolver. “Hay que llegar a un acuerdo”. Y, desde su opinión personal, defiende que la Mezquita Catedral “debe seguir siendo un lugar de culto, no un museo exclusivamente, sino un edificio vivo”, lejos de convertirse en una mera explotación privada de negocio turístico.
El libro La titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, publicado por Torres Editores, se presenta en un acto público el próximo martes 10 de marzo a las 19:00 en la Biblioteca Grupo Cántico, con el autor y la presentación del profesor de Derecho y escritor Antonio Manuel Rodríguez y el historiador y catedrático de Geografía e Historia Manuel García Parody.
RECUPERANDO pide al PSOE en todas las comunidades que replique la moción navarra sobre inmatriculaciones y solicita reuniones de trabajo
05 de marzo de 2026
La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha escrito a todos los Grupos Parlamentarios Socialistas de los parlamentos autonómicos para que impulsen iniciativas similares a la aprobada en Navarra y para mantener reuniones que permitan analizar la situación en cada territorio.
Una iniciativa ya aprobada en Navarra
RECUPERANDO informa de que el 5 de febrero de 2026 el Parlamento de Navarra aprobó una moción defendida por el PSN-PSOE sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. La moción insta al Estado a anular la normativa que permitió inscribir bienes sin aportar título de propiedad y a promover medidas para la revisión, investigación y recuperación de los bienes afectados.
El problema sigue abierto en todo el Estado
La Coordinadora recuerda que, aunque en 2015 se cerró el procedimiento excepcional, no se revisaron las inscripciones ya realizadas. Además, denuncia que aún no existe una respuesta estatal efectiva: faltan transparencia completa, listados íntegros y depurados, y un plan claro para abordar la recuperación de los bienes inmatriculados. Por ello, subraya RECUPERANDO, el escándalo “sigue vigente” en todas las comunidades autónomas.
Dos peticiones concretas a cada parlamento autonómico
En su comunicación a los grupos socialistas autonómicos, RECUPERANDO solicita:
que registren y defiendan una moción similar a la navarra en su propio parlamento; y
una reunión de trabajo para estudiar cómo adaptar la iniciativa a la realidad de cada comunidad, compartir documentación y definir una hoja de ruta.
Adjuntamos correo enviado a los G.P. Socialistas de los Parlamentos autonómicos, con enlaces informativos y al vídeo en el que D. Ramón Alzórriz efectuó la defensa de la moción en el Parlamento Navarro en nombre del Grupo Parlamentario del PSN.
La jerarquía católica se ha apropiado de 100.000 bienes patrimoniales repartidos a lo largo y ancho del Estado español. Este es el balance de un escándalo que, tras una larga investigación, el periodista Aristóteles Moreno y el jurista Antonio Manuel Rodríguez han recopilado en el libro “El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La mezquita de Córdoba y otros casos de libro”, en cuyas páginas se revela el privilegio que la institución continúa teniendo.
El expolio perpetrado por la Iglesia católica supone la mayor descapitalización y despatrimonialización que se ha producido nunca en el Estado español». Así de contundentes se muestran Aristóteles Moreno y Antonio Manuel Rodríguez, autores de un estudio que desmenuza lo que, afirman, «representa una práctica inmoral y abusiva, pero también un atentado económico y jurídico sin precedentes en la Europa comunitaria».
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, con un ejemplar del libro ‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’, editado por Akal. CEDIDA
Ambos expertos analizan esta anomalía en “El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia” (Akal), un libro que, a medio camino de un manual de memoria y ensayo periodístico, desentraña como una empresa privada –la Iglesia– se ha enriquecido
con el silencio informativo y la docilidad del poder de turno.
Los autores de una profunda investigación sobre seis décadas de inmatriculaciones llaman al Gobierno a revertir una situación de “expolio” que ha supuesto “una descapitalización sin precedentes” del patrimonio público en democracia: “Hasta hoy, Iglesia y Estado son como hermanas siamesas que comparten el bolsillo”
Vista del antiguo palacio de Santa María del Naranco, uno de los monumentos más emblemáticos del prerrománico asturiano, inmatriculado por la Iglesia. EFE
Aunque pueda parecerlo, este “no es un libro anticlerical”. El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia (Akal, 2026) acaba de llegar a las librerías como una profunda investigación sobre la inscripción de miles bienes sin garantías de propiedad a nombre de la institución católica entre 1946 y 2015. Un estudio que no pretende “quitarle nada” a la Iglesia, sino “defender la legalidad democrática y el patrimonio público” frente a lo que definen sin rodeos como un “expolio” que ha originado “una descapitalización sin precedentes” en plena etapa democrática. Los autores, Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, tratan de delimitar la verdadera dimensión del fenómeno, comparándolo con capítulos tan relevantes para el patrimonio español como la desamortización de Mendizábal. Como si se tratase de un reverso histórico, aquella operación llevada a cabo a principios del siglo XIX supuso la expropiación y subasta de multitud de bienes en manos de la Iglesia católica —monasterios, conventos, tierras— para financiar las arcas del Estado. Sin embargo, la maniobra se revelaría infructuosa, poco eficiente, y acabaría causando daños irreparables al propio patrimonio.
La Cartuja de Jerez sigue ampliando su ‘cartera de servicios’ al visitante y jerezanos y entre sus proyectos de futuro está «abrir un negocio de hostelería en el monumento complementario a las visitas». Así lo avanzan desde la gerencia del monasterio, Manuel Pareja, que señala que de esta forma «seguimos avanzando en la diversificación de usos del edificio».
Desde 2017, el Congreso de los Diputados viene pidiendo al Gobierno la información completa sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Aquel año se aprobó la PNL 161/001437: el mandato era claro. Había que elaborar un estudio sobre las inmatriculaciones (1998–2015) y facilitar los datos necesarios para que se pudieran identificar los bienes y, en su caso, reclamar los que fueran de dominio público o hubieran sido inscritos sin título escrito de dominio.
En diciembre de 2017, el Colegio de Registradores remitió al Gobierno la información solicitada. Desde entonces, la historia ha sido la de una demora injustificada y una transparencia opaca. El Gobierno terminó enviando al Congreso en 2021 un informe y un listado que, en miles de casos, no permite identificar los bienes.
RECUPERANDO | 25 febrero 2026
Mientras tanto, RECUPERANDO, ciudadanía y grupos parlamentarios reclaman el expediente completo con información detallada de cada bien. La pregunta parlamentaria presentada por el Grupo Plurinacional Sumar y la respuesta del Gobierno (10 de febrero de 2026) confirman que la opacidad continúa.
Que la democracia es un asunto reciente, así como las evolutivas nociones de orden y progreso, nos lo recuerda Héctor Díaz-Polanco en su ensayo El tiempo en antropología e historia, analizando el pensamiento de Saint-Simon, Comte, Bachofen, Morgan, Marx, Gramsci y Benjamin. En el mismo nos recuerda como el «proceso de rápida expansión imperialista del cual resultara el total reparto del mundo entre grandes potencias capitalistas de la época, se iniciara justamente al final del periodo que nos ocupa [siglo XIX]», siendo denominado por Lenin como capitalismo en extensión. Este proceso tenía a bien imponer la democracia formal al resto del orbe como su justificación moral, hoy, al parecer, superada por su más relevante dignatario al otro lado del océano, continuando el irracional camino trazado, entre otros por Bryan Caplan, desde el punto de vista de la participación negada, estando favorecido por la necesidad de recursiva implementación de la balanza de pagos, y siendo compartida, al otro lado del tablero en que juega la geopolítica, por su homólogo dignatario chino.
En todo ello, el pueblo tan solo cuenta, en el mejor de los casos, como contribuyente, y como carne de cañón, en el peor. Sus derechos, si es que los tiene, son progresivamente cada vez más los de un militantismo consumidor, habiéndose perdido aquellos otros más románticos, si cabe, del revolucionario, proletarizado posteriormente, «ciudadano». Y en este dialéctico proceso del tira y afloja, tampoco podría descartarse que el denominado «cabildear» [gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación, y cuyos sinónimos son los de amañar, arreglar, caciquear, mangonear, gestionar, procurar, de la RAE] fuera reconocido como aquella interlocución imprescindible para el sostenimiento de un sistema basado en la norma legal de los influyentes «poderes fácticos», aquellos que lo son, de hecho, por mayúsculo mor de la Historia, de la Economía, de la Ideología y de la Religión.
La Coordinadora Estatal Recuperando se ha dirigido a los gobiernos autonómicos para identificar los bienes inmatriculados de la Iglesia. La entidad, que integra a una treintena de entidades y asociaciones de todo el Estado, reclama «el acceso y la transparencia a la información detallada» de todas las inmatriculaciones incluidas en el informe del Gobierno de España titulado ‘Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano’.
Archivo – Mezquita de Córdoba | CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA
El documento publicado contiene, según la coordinadora, «un simple listado que, en numerosos casos, no permite una identificación correcta de los bienes». Sin esa identificación –con datos registrales completos, notas simples o equivalentes– es «imposible comprobar con rigor qué se ha inscrito, dónde, a nombre de quién y con qué antecedentes» y por ello, continúan, «resulta inviable defender adecuadamente el patrimonio público o valorar posibles actuaciones administrativas y jurídicas».
Recuperando sostiene que esa información ya obra en poder del Gobierno desde que se elaboró el citado estudio y dice no entender que «se haya mantenido oculta hasta la fecha, lo que contraviene los principios elementales de transparencia democrática».
La coordinadora estatal reclama «el acceso y la transparencia a la información detallada» de todas las inmatriculaciones incluidas en el informe del Gobierno de España sin la que es «imposible comprobar con rigor»
La Coordinadora Estatal Recuperando se ha dirigido a los gobiernos autonómicos para identificar los bienes inmatriculados de la Iglesia. La entidad, que integra a una treintena de entidades y asociaciones de todo el Estado, reclama «el acceso y la transparencia a la información detallada» de todas las inmatriculaciones incluidas en el informe del Gobierno de España titulado ‘Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano’.
El documento publicado contiene, según la coordinadora, «un simple listado que, en numerosos casos, no permite una identificación correcta de los bienes». Sin esa identificación –con datos registrales completos, notas simples o equivalentes– es «imposible comprobar con rigor qué se ha inscrito, dónde, a nombre de quién y con qué antecedentes» y por ello, continúan, «resulta inviable defender adecuadamente el patrimonio público o valorar posibles actuaciones administrativas y jurídicas».
RECUPERANDO pide al PSOE en todas las comunidades que replique la moción navarra sobre inmatriculaciones y solicita reuniones de trabajo
Desde 2017, el Congreso de los Diputados viene pidiendo al Gobierno la información completa sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Aquel año se aprobó la PNL 161/001437: el mandato era claro. Había que elaborar un estudio sobre las inmatriculaciones (1998–2015) y facilitar los datos necesarios para que se pudieran identificar los bienes y, en su caso, reclamar los que fueran de dominio público o hubieran sido inscritos sin título escrito de dominio.
