Coordinadora Recuperando

Presentación de libro «El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia» de Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina, acompañados por Elisabet Almeda en + Bernat librería, Barcelona, 2 de junio de 2026.

Desde monumentos nacionales hasta edificios, fincas, plazas o huertos, el afán inmatriculador de la jerarquía católica española no ha tenido fin. Sin importar que se tratara de bienes patrimonio de la humanidad con un valor cultural e histórico incalculable, o que fuera una humilde parroquia levantada con el esfuerzo de una pequeña pedanía, la Iglesia católica, gracias a un subterfugio jurídico proveniente del franquismo y ampliado por Aznar, se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario del país.

A través del paradigmático e indignante caso de la Mezquita de Córdoba y de otras 16 inmatriculaciones relevantes que recorren toda la Península, este divulgativo texto explica y propone salidas al abusivo sistema que, con la connivencia de registradores y un caos jurídico contrario a los derechos humanos, ha permitido tamaño escándalo. Hablamos del descarado expolio de miles de bienes que pertenecen al común. Recuperarlo pasa por salir de la desidia y la pasividad, por defender nuestro tesoro público. Y esa es la llamada de atención que contienen estas páginas.

Sobre cómo el Gobierno de Illa pasa de no investigar las inmatriculaciones a financiarlas con dinero público en nombre de la crisis de la vivienda

Plataforma catalana para la Recuperación de los Bienes Inmatriculados, LoQuesomos | 29 de mayo de 2026

Original en catalalán [enlace anterior] – Traducción de Asturias Laica

La necesidad de vivienda social es hoy una de las principales emergencias del país, y cualquier política orientada a garantizar ese derecho merece, de entrada, reconocimiento y compromiso. Precisamente por eso, analizar críticamente las medidas que se presentan en su nombre es un ejercicio delicado, a menudo incómodo, pero necesario: porque no todo lo que se articula bajo la etiqueta de vivienda social contribuye, de forma efectiva, a reforzar el interés general ni la mayor disponibilidad de vivienda para quien lo necesita.

En este sentido, las declaraciones recientes de la Secretaría de Vivienda de la Generalidad de Cataluña, Lídia Guillén Simón, en defensa de lo que llama un acuerdo histórico entre el Gobierno de la Generalidad y la Iglesia Católica en Cataluña para la cesión de inmuebles destinados a vivienda social, no son una intervención más en el debate público: fijan marco a las políticas y legitiman. Por eso es relevante partir de la posición y el discurso de quien las formula.