Iglesia Católica, Sociedad Anónima mantiene la boca cerrada con el asunto de la vivienda, excepto para decir que en la acampada de Sol se están produciendo «cosas raras», sin especificar. Dos datos de nada: entre 1998 y 2015, la Iglesia española inscribió a su nombre 34.961 propiedades inmobiliarias; de esas, 14.947 son fincas, viviendas, locales y terrenos que alquila.
Y la Iglesia española desahucia cada semana a alguien, muchas veces ancianos y personas vulnerables. Estas cifras no son una excepción estadística: son la base de un imperio inmobiliario que opera con la misma lógica que cualquier fondo de inversión, pero con una diferencia clave: no paga impuestos por la inmensa mayoría de esas propiedades y, cuando se le pregunta, guarda silencio.
34.961 inscripciones: una herencia legal
En 1998, Aznar modificó la Ley Hipotecaria para permitir que la Iglesia católica inscribiera bienes inmuebles a su nombre con una simple certificación del obispo, sin necesidad de presentar ningún título de propiedad. Este mecanismo se conoció como «inmatriculación». Hasta que fue derogado en 2015, la Iglesia realizó 34.961 inscripciones por esta vía.
Sus orígenes se remontan a la Edad Media y sitúan su construcción en los siglos XIII y XIV. Sí está datado de forma más concreta que fue hijuela de San Martín de Vallés hasta que se independizó como parroquia en 1790. Ahora, la iglesia de San Antonio de Rales, en Villaviciosa, se cae a pedazos. Los daños son constantes y amenazan con ir a más. Tanto es así que en esta localidad ya son muchas las voces que piden que se tomen medidas para evitar la completa desaparición del templo. El avanzado estado de deterioro se aprecia a simple vista. Parte del muro exterior se ha desprendido y las piedras caídas se acumulan a pie de la pared del edificio. «Es una situación de peligro, con un riesgo claro de derrumbe», explica un grupo de vecinos que se ha marcado como objetivo salvar el templo.
La investigación impulsada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para esclarecer la posible titularidad pública de bienes inmatriculados por la iglesia católica continúa avanzando. Hasta la fecha, se han adherido a esta iniciativa 160 entidades locales, que cuentan con un total de 1.027 bienes inmatriculados. De ellos, han sido identificadas 459 propiedades, que se encuentran en proceso de investigación, entre las cuales se han detectado indicios o evidencias documentales en 108 casos que apuntan a una posible titularidad pública.
160 entidades locales se han adherido al convenio entre el Gobierno Foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para colaborar en la investigación de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Han detectado evidencias documentales en 108 de los 1.027 casos.
La iglesia de Santa María de Eunate es uno de los bienes inmatriculados por la Iglesia | (Idoia ZABALETA | FOKU)
Un total de 160 entidades locales se han adherido al convenio entre el Gobierno Foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para esclarecer la posible titularidad pública de bienes inmatriculados por la iglesia católica.
Estas 160 entidades locales cuentan con un total de 1.027 bienes inmatriculados, informa el Gobierno de Nafarroa en un comunicado.
De ellos, han sido identificadas 459 propiedades, que se encuentran en proceso de investigación, entre las cuales se han detectado indicios o evidencias documentales en 108 casos que apuntan a una posible titularidad pública.
La Comisión de Patrimonio aprobó la intervención en el monumento nazareno, tras acumular un prolongado abandono, graves actos vandálicos y una declaración legal de ruina urbanística dictada en 2019
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, ha dado un paso firme e histórico para frenar la alarmante degradación que sufre la Hacienda Ibarburu en Dos Hermanas. El organismo autonómico ha acordado por unanimidad requerir la adopción de medidas urgentes de seguridad a la propiedad de la finca, bajo el apercibimiento explícito de activar mecanismos de ejecución forzosa que incluyen multas coercitivas, la ejecución subsidiaria e incluso el ejercicio de la potestad de expropiación forzosa en caso de incumplimiento.
La Hacienda Ibarburu goza de la máxima protección legal en Andalucía al estar inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento, estatus otorgado mediante el Decreto 259/2002, de 15 de octubre (BOJA nº 132, de 12 de noviembre). Dicha norma delimita un entorno de protección específico para evitar alteraciones en sus valores e incluye expresamente la prensa de viga como bien mueble BIC en su Anexo II al constituir parte esencial de la historia del edificio.
Ultimátum legal ante la amenaza de sanciones y expropiación
El dictamen unánime de la Comisión se produce en aplicación del artículo 100, 1 a) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía —modificada por el Decreto-Ley 3/2024, de 6 de febrero— y tras examinar el Informe de la Ponencia Técnica. La resolución informa favorablemente las medidas propuestas por considerarlas urgentes para proteger la seguridad de las personas y de los bienes, confirmando que no generarán afección negativa sobre los valores del edificio.
El régimen legal aplicable se fundamenta en los artículos 15.1 y 33.3 de la Ley 14/2007 y en el artículo 23 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995, de 7 de febrero). Estas disposiciones facultan a la Consejería a ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras la ejecución de obras y actuaciones necesarias para la conservación, mantenimiento y custodia del bien.
En este contexto, se apercibe formalmente a la propiedad disponiendo de un plazo de 1 mes para alegar cuanto estimen oportuno, liberarse de la ejecución bajo los términos del artículo 26 del Reglamento de Protección y Fomento o manifestar su conformidad con las actuaciones. En caso de incumplimiento, la Junta procederá a la ejecución forzosa conforme al artículo 23 del citado reglamento —mediante multas coercitivas o ejecución subsidiaria—, sin perjuicio de la apertura de expediente sancionador y del posible ejercicio de la potestad expropiatoria.
Más de dos décadas de abandono, actos vandálicos y ruina legal
La contundencia de estas medidas responde a una situación límite provocada por la falta de conservación y los continuos actos vandálicos que amenazan la desaparición total de este edificio de gran interés histórico. A petición del Ayuntamiento de Dos Hermanas, la Comisión aprobó el acta de la sesión del 22 de julio de 2026 incorporando los antecedentes del recinto. De ellos resulta que la situación de abandono y grave deterioro de la hacienda es oficialmente conocida desde el año 2004.
Los avisos técnicos se vienen sucediendo desde hace años. En concreto, un informe firmado por los técnicos del Servicio de Bienes Culturales con fecha 18 de junio de 2019 ya estableció la necesidad imperiosa de adoptar medidas urgentes de seguridad, evaluando la posibilidad de fasear los trabajos.
Asimismo, el historial refleja una compleja peripecia urbanística. El Proyecto de Reparcelación del Sector SNP-18 «Ibarburu» fue aprobado definitivo el 25 de septiembre de 2009. Años después, el 14 de mayo de 2019, la Junta de Compensación del sector y la mercantil ACP Level, S.L. (cotitular del edificio) formularon a la Junta de Andalucía el ofrecimiento de transmisión de sus derechos sobre la hacienda. Pese a dicho ofrecimiento, el 17 de septiembre de 2019 se formalizó la declaración de situación legal de ruina urbanística del monumento.
Supervisión municipal y licencias pertinentes
La autorización dictada por la delegación territorial de Cultura es previa y obligatoria. No obstante, la resolución recuerda que estas órdenes de conservación no excusan a la propiedad de solicitar las licencias urbanísticas pertinentes ante el Ayuntamiento de Dos Hermanas, administración a la que compete verificar la normativa aplicable.
La organización laicista pide a todas las candidaturas que se comprometan a registrar desde el inicio de la legislatura la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, el fin de la casilla de la Iglesia en el IRPF y una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia, y recuerda que la disolución de las Cortes ha dejado sin efecto las reformas en curso, como la derogación del delito de blasfemia.
Europa Laica ha presentado hoy sus propuestas por la libertad de conciencia y la laicidad ante las elecciones generales del 29 de noviembre. La asociación ha remitido a los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores que concurren a los comicios un documento con diecisiete propuestas mínimas, comenzando una ronda de contactos. Les pide que las incorporen a sus programas y que registren, desde el inicio de la legislatura, las iniciativas necesarias para hacerlas efectivas.
El equipo de gobierno municipal, socialista, de San Martín del Rey Aurelio ha dado un paso decisivo para resolver definitivamente la situación del cementerio de El Entrego. Tras analizar de forma detallada la propuesta y contar con el informe del arquitecto municipal y los técnicos de la Oficina Técnica, el Consistorio ha comunicado formalmente a la empresa propietaria (La Solana Asturiana SA. la aceptación de la contraoferta presentada para la adquisición total de los terrenos y las instalaciones por un importe de 508.395 euros, cifra adelantada por EL COMERCIO el pasado mes de junio.
Ante la convocatoria de elecciones generales, la Coordinadora RECUPERANDO se ha dirigido a las formaciones políticas progresistas para solicitarles que incorporen a sus programas electorales una serie de compromisos destinados a avanzar en la transparencia y recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica.
Entre ellos, RECUPERANDO reclama que se haga pública la información detallada de todos los bienes inmatriculados desde 1946 mediante el procedimiento excepcional que estaba establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria; que se dé cumplimiento íntegro a la PNL aprobada por el Congreso en 2017, incluido el estudio y la reclamación de los bienes que pudieran ser de titularidad pública; y que en la próxima legislatura se presente un nuevo Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico que refuerce su protección, transparencia y gestión en defensa del interés general.
La Diócesis de Zamora sella con el Ayuntamiento la cesión gratuita del templo religioso afectado por la falta de actividad y de mantenimiento
El alcalde de Venialbo, Jesús Vara, junto a Asunción Hernández, secretaria de la Cofradía del Cristo de la Vera Cruz con la ermita a sus espaldas | ALBA PRIETO
El Obispado de Zamora y el Ayuntamiento de Venialbo han firmado el acuerdo de cesión gratuita de la ermita de la Vera Cruz, la última de las tres que antiguamente existieron en la localidad y que aún se mantiene en pie. Una reversión que permitirá recuperar la actividad religiosa sostenida por la Cofradía del mismo nombre en un momento en el que tan solo cuenta con seis hermanos en activo pese a ser la más antigua de la localidad.
En memoria de Antonio Vercher Noguera, fiscal de Sala de Medio Ambiente (2006–2026)
24 de octubre de 2026 · 09:30 a 21:00
Casino de Teruel (Pza. de San Juan, 2)
Presentación
La jornada tiene como objetivo presentar el panorama de la actual situación jurídica en cuanto al patrimonio cultural en España, así como algunas experiencias significativas relacionadas con este mismo ámbito.
Cartel anunciador
En los últimos años se ha producido un cambio paradójico. Se da más importancia al patrimonio en general, pero no existe una visión holística e integral. A modo de ejemplo, nos encontramos con que apenas hay conciencia del paisaje protegido y del patrimonio agrario; algunos Conjuntos Históricos peligran porque materialmente se están desintegrando; y la arquitectura popular, que podemos encontrar en la mayor parte del medio rural, está en proceso de ruina por falta de puesta en valor, catalogación, y ausencia de procesos de rehabilitación, añadiendo a ello la problemática de la España Vaciada.
Mucho de ese patrimonio está en peligro de desaparecer por causas diversas y complejas: una abundante legislación que la propia administración desconoce y/o incumple con total impunidad; Ministerios y Direcciones Generales del Patrimonio Cultural que no están a la altura de lo que se espera de ellos; políticos que no se posicionan con fuerza en la defensa del patrimonio cultural frente a los abusos de algunas grandes empresas; ayuntamientos que viven ajenos a la importancia de la conservación del patrimonio y de la Memoria Democrática; asesoramientos que, a menudo, no son de técnicos expertos; la ausencia de profesionales formados en técnicas y materiales constructivos tradicionales; una Iglesia Católica que ha inmatriculado miles de inmuebles (iglesias, catedrales, conventos, monasterios, ermitas) convirtiéndose en la mayor inmobiliaria del país; una problemática aguda de despoblación en relación a una España Vaciada y, finalmente, una población a la que, en términos generales, no se le ha formado para conocer el patrimonio cultural y su valor intrínseco, dándose un desconocimiento generalizado en materia de patrimonio histórico o cultural. Todo en oposición a la construcción de una sociedad solidaria, libre, en equilibrio armónico, saludable y sostenible.
