Las inmatriculaciones de la Iglesia católica vulneran el principio de propiedad común
Durante décadas, la Iglesia católica en España ha podido registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de aportar un título válido de propiedad. Este proceso, amparado en el privilegio franquista del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y su reglamento, permitió que los obispos declararan como suyo lo que, en realidad, nunca le perteneció.
A esta operación se le ha dado un nombre técnico incorrecto: inmatriculación con «certificación» eclesiástica, dado que no se trata más que de una declaración hecha por un particular. Pero ha sido suficiente para que se produzca una privatización encubierta del patrimonio común, en total opacidad y sin participación ciudadana.
Por Inés Arango – marzo 2025
🏘️ ¿Qué tipo de bienes se han registrado?
Plazas públicas, caminos vecinales, cementerios, casas de cura, fuentes, huertas, conventos, iglesias, ermitas y hasta catedrales figuran hoy inscritas a nombre de las diócesis sin que exista constancia alguna de que hayan sido donadas, compradas o heredadas.
El criterio fue simple y demoledor: si no estaban registradas a nombre de nadie, bastaba con que el obispo firmara una declaración. Y el Registro aceptaba dicha declaración como si se tratara de un título válido. Así de fácil. Así de grave.
Como ha recordado Rafael Sanmartín, escritor y miembro de la plataforma Recuperando: “Lo que es del común no es de nadie, porque es de todos”.
⚖️ Legalidad no es legitimidad
Este mecanismo que se ha presentado como legal gracias a una normativa heredada del franquismo y que se mantuvo en vigor hasta 2015 carece de legitimidad democrática y vulnera principios constitucionales elementales, como la aconfesionalidad del Estado, el respeto a la propiedad pública y colectiva, y la seguridad jurídica.
Las cesiones de uso hechas históricamente por los pueblos a la Iglesia no son títulos de propiedad. Nadie cedió esas plazas ni templos para que fueran privatizados. Y en ningún lugar del mundo civilizado las iglesias son registradas como propiedad eclesiástica salvo que hayan sido construidas y financiadas por ella misma, lo que en la mayoría de los casos españoles no ocurrió.
🔍 ¿Qué se ha perdido?
No sólo se ha perdido control público sobre estos bienes, sino también su uso y gestión. Muchos espacios han sido vallados, convertidos en recintos de pago o explotados comercialmente sin retorno alguno a la ciudadanía.
Algunos han sido vendidos a terceros. Otros han sido reformados sin control patrimonial. Otros han quedado en abandono. Y en otros se cobra entrada sin cumplir las obligaciones legales referentes a los tiempos de acceso gratuito establecidas por ley.
✊ La reversión del expolio
Este expolio silencioso requiere una respuesta a la altura. No se trata de expropiar, sino de revertir lo indebidamente apropiado. De exigir transparencia, auditoría pública, y un procedimiento de restitución que devuelva al pueblo lo que es del pueblo.
La ley de Reforma Hipotecaria de 2015 cerró la puerta a nuevas inmatriculaciones por esta vía, pero no resolvió las anteriores ni declaró su nulidad. De facto, creó una especie amnistía registral.
Urge un proceso de revisión política y jurídica. Porque una democracia no puede sostenerse sobre una injusticia monumental.
🧭 ¿Por dónde empezar?
1. Exigir a los gobiernos (central y autonómicos) la publicación completa, desglosada y detallada de todos los bienes inmatriculados.
2. Reclamar auditorías históricas y patrimoniales, con participación ciudadana.
3. Impulsar mecanismos de reversión legal, especialmente cuando no haya título de propiedad, cuando se trate de bienes de dominio público, o cuando se haya vulnerado el principio de uso común.
4. Exigir que los ingresos derivados del uso comercial de estos bienes sean fiscalizados y revertidos en beneficio del interés público, en tanto no se aclare su situación.
5. Y, sobre todo, fortalecer una conciencia cívica del patrimonio: no como algo del pasado, sino como un bien vivo, de todos y para todos.
🗣️ Porque la memoria también es propiedad
Recuperar lo común no es una batalla contra la fe, ni contra ninguna creencia particular, sino contra la usurpación del derecho colectivo. Las inmatriculaciones han convertido un expolio administrativo en un escándalo ético. Y este escándalo necesita relato, justicia y reparación.
“Queremos verdad, justicia y restitución. Y que nunca más se confunda el patrimonio de todos con el privilegio de unos pocos”.