La exigencia de información completa sobre los 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia es, simplemente, una cuestión de TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA.
La transparencia no es una opción, es una obligación. La opacidad que ha rodeado este proceso durante décadas es una afrenta directa a los principios de equidad, justicia y rendición de cuentas que deben regir en cualquier sociedad que se precie de ser democrática.
La opacidad en la gestión de esta cuestión erosiona la confianza en nuestras instituciones y en el funcionamiento de nuestra sociedad.
Por ello, la exigencia de esta información completa no es un capricho ni una demanda irrazonable; es una cuestión fundamental de transparencia democrática.
Es necesario que se hagan públicas TODAS las notas simples registrales (o en su defecto información detallada) de TODOS los bienes inmatriculados por la Iglesia en España, DESDE 1946, mediante una simple certificación eclesiástica.
La ciudadanía tiene el derecho de saber y el Gobierno tiene el deber de proporcionar la información completa y detallada. Solo así podremos restaurar la confianza en nuestras instituciones y garantizar una gestión justa y transparente de nuestro patrimonio común.