Por la magnitud numérica (más de 100.000) y la importancia de los bienes afectados (BIC y Bienes Patrimonio de la Humanidad), la cuestión de las inmatriculaciones, en España, es UN PROBLEMA DE ESTADO
Sabemos que la Iglesia Católica ha inscrito en el Registro de la Propiedad más de 100.000 bienes inmuebles sin necesidad de aportar títulos de propiedad ni garantías.
Sabemos que muchos de estos bienes son de incalculable valor histórico y cultural, declarados BIC y monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sabemos que más del 80% del patrimonio histórico y cultural del país se encuentra, de esta manera, inscrito en los Registros de la Propiedad a nombre de la Iglesia.
Sabemos que también han sido inmatriculadas plazas y vías públicas o bienes comunales.
La magnitud de esta apropiación ha sido asombrosa.
Esto no es un problema entre vecinos, ni de los ayuntamientos, ni siquiera de las comunidades autónomas, aunque cada uno deba asumir su responsabilidad dentro del marco de sus competencias.
La cuestión de las inmatriculaciones es un problema de Estado que requiere una respuesta contundente y decidida por parte del Gobierno. Es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de INFORMAR con claridad, declarar NULO lo inmatriculado de manera indebida y REGULAR sobre el patrimonio histórico y cultural, garantizando su uso y disfrute actual y futuro por todos los ciudadanos.